Aunque a todos les está permitido pensar, muchos se lo ahorran.
Curta Goelx
Ignorante y burro, todo es uno.
Dicho popular
Dicen los abogados que a confesión de parte, relevo de prueba. Es una consideración jurídica que le cae como anillo al dedo a don Porfirio Muñoz Ledo, el talentoso político que un día se soñó investido como padre de una nueva Constitución.
En la entrevista que le hizo José Cárdenas (Radio Fórmula), el excandidato presidencial mostró el verdadero motivo que le indujo a dar largas a su ubicación en Europa, donde —según se ha festinado— representará al gobierno de México en la Comunidad Económica Europea:
—No he tomado posesión —dijo— (lo repito de memoria) porque preferí esperar el anuncio del presidente Fox (se refería al discurso del 5 de febrero).
Además de defender su idea (la nueva Constitución), don Porfirio la justificó diciendo que la decisión presidencial se había apoyado en el criterio de la comisión que él presidió, integrada esta por más de cien juristas, todos ellos expertos en derecho constitucional. Y también se adicionó a la opinión de quienes critican las casi 400 reformas constitucionales:
—Es una Constitución —arguyó— que fue parchada y acondicionada de acuerdo a las necesidades del presidente en turno.
Lo curioso de estas opiniones —digamos que oficialistas— es que en ninguna de ellas se considera que, gracias a ese ímpetu reformista tan satanizado, Vicente Fox Quesada llegó a presidente de la República. Tampoco se reconoce que Carlos Salinas de Gortari fue el mandatario que propició la reforma al artículo 82 para que fueran elegibles al cargo de presidente los mexicanos hijos de padre o madre extranjeros. No se ha dicho, pues, que la nuestra es una Constitución que desde su contenido original establece el procedimiento para reformarla, circunstancia que demuestra la visión de sus autores, cuya responsabilidad y cultura social les permitió vislumbrar que el desarrollo no podía estar sujeto a un dogma o cartabón jurídico.
Y lo peor del asunto es que ninguno de los corifeos presidenciales ha tomado en cuenta que, por su estructura, la Carta Magna resulta el documento idóneo para impulsar y validar lo que se ha dado en llamar la Tercera Vía.
El sobado argumento de sus violaciones y las casi 400 reformas, de ninguna manera justifica la intención mañosamente promovida por los constitucionalistas que encabeza Porfirio. No puede atribuírsele a la ley de leyes (cito a Jorge Carpizo) los problemas y vicios de la realidad política y social, los cuales existen y se han expandido precisamente por la inaplicación de la norma, por la falta de respeto al Estado de derecho.
—Los problemas sufridos por los mexicanos —agrega el exsecretario de Gobernación—, como la concentración del poder, la existencia de un partido hegemónico, violaciones a los derechos humanos, millones sin nivel de vida decoroso, concentración de la riqueza, impunidad, inseguridad y desvíos en la impartición de justicia, no son imputables a la Constitución. Las normas constitucionales son enemigas de esas aberraciones y constituyen instrumentos valiosos para superarlas…
¿Qué hacer entonces para sacar de la pobreza a 40 millones de seres, acabar con la violencia, exterminar la corrupción burocrática, impedir que se violen los derechos humanos, se concentre la riqueza en unas cuantas manos y se manipulen los códigos?
Es obvio que la solución no depende de una “nueva Constitución”, sino de una nueva actitud, misma que podría darse a partir de una reforma que propicie la reestructuración de las leyes mexicanas para que la mentira y la falsedad en declaraciones sean delitos con penas pecuniarias y corporales muy severas.
Y aquí sí habría que tomar el ejemplo de la Constitución de Estados Unidos (siete artículos, 40 enmiendas y cientos de tomos para interpretar sus tesis y sentido capitalista, mercantilista, individualista, religioso, jurídico y moral), país donde el perjurio se castiga en serio y su penalidad ha dejado sin chamba a dos presidentes y, últimamente, inhabilitado a Bill Clinton, el personaje que mintió y tergiversó los hechos de su affaire con Monica Lewinsky. Créame el lector que, por mentirosos, muchos de los políticos (panistas, perredistas y priistas) pasarían en la cárcel; en el mejor de los casos, quedarían inhabilitados de por vida. Y ya nos valdrá aquello de que “no dije lo que dicen que dije”.
En fin, como lo apuntan los expertos en la materia —entre ellos Elisur Arteaga Nava (catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana)—, en vez de modificar de la A a la Z sólo hay que agregar veinte palabras al texto constitucional. Basta ya de tratar de sorprender a quienes suponen que una nueva Constitución resolverá todos los problemas de México.
Según este especialista, habrá que incluir una línea al artículo 41 para establecer la existencia del referendo y el plebiscito como fórmula de consulta; adicionar tres palabras al párrafo segundo del artículo 108 (El presidente puede ser responsabilizado por violaciones graves a la Constitución); aplicar el 79 que regula lo relativo a la organización y funciones de la entidad de fiscalización; agregar a la fracción segunda del artículo 89 que los secretarios de Estado y funcionarios de mayor nivel pueden ser removidos libremente por el presidente y designar nuevos funcionarios sujetos a la ratificación del Congreso; y en relación a los tratados internacionales, ampliar la fracción primera del 103 con las siguientes líneas: “también se reconoce como derecho de los mexicanos los que aparecen en tratados y convenios internacionales suscritos por México”.
Lo de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales —consigna Arteaga— se puede resolver con el Código Federal Electoral sin necesidad de reformar la Carta Magna.
Vemos, pues, que el protagonismo y la ignorancia son dos de los factores que pueden alterar la esencia del pueblo mexicano.