LOS CAMBIOS
Como sucede durante el acomodo de cualquier gobierno estatal, en la primera mitad del sexenio piñaolayista ocurrieron algunos cambios importantes para la democracia poblana. El primero de ellos aconteció en la Procuraduría, donde el titular era herencia del exgobernador Jiménez Morales. Humberto Gutiérrez Manzano fue relevado del cargo debido a que, según trascendió, tuvo graves enfrentamientos con dos exjudiciales contratados por Piña Olaya para hacerse cargo de la Policía Judicial del estado (eran hijos de un jefe policiaco que, durante su estancia en el aeropuerto de la Ciudad de México, le hizo muchos favores a Mariano): varios de sus elementos habían allanado el hogar de la madre de un importante jefe militar. El error tuvo que pagarlo Gutiérrez Manzano, quien se vio imposibilitado para vigilar los operativos de la policía, supuestamente bajo su responsabilidad, pero que en realidad actuaba en forma autónoma gracias a la cercanía y afectos del coordinador policiaco con el mandatario poblano.
En su lugar quedó Eduardo Peruyero Arredondo, un abogado poblano que había fungido como Ministerio Público Federal. Esta nueva contratación también abandonó el cargo ante los conflictos organizados por la policía judicial, que, sin su autorización, tomó por asalto la casa de la familia Budib —cuya honestidad estaba y está fuera de toda duda—, porque, según dijeron, iban a descubrir algún delito federal (droga). Después llegó a la Procuraduría el abogado Ramón López Rubí, uno de los más populares políticos de la entidad. Esa popularidad impulsó al nuevo procurador hacia la promoción pública, publicidad que en muchas ocasiones fue más allá de lo que permite el sistema. Esto obviamente molestó al gobernador, que le “sugirió” dedicarse de lleno a la política, y para ello fue enviado a la presidencia del Comité Nacional del PRI en Puebla. López Rubí fue suplido por Alberto Fernández de Lara, quien llegó de la dirección del Centro de Readaptación Social.
Con López Rubí se inició la reorganización del cuerpo policiaco, y Fernández de Lara tuvo el control definitivo de ese grupo; sin embargo, desde la administración de López Rubí, las directrices de la Procuraduría se tomaban en las oficinas de Alberto Jiménez Morales.
Otro de los cambios ocurrió en la Secretaría de la Contraloría, donde se había ratificado a Armando Garcés Cozar, excolaborador del antecesor de Piña Olaya. En su lugar entró Jorge Arroyo García, pariente del multicitado asesor. Lo mismo ocurrió en el Tribunal Superior de Justicia, presidencia a la cual llegó Geudiel Jiménez Covarrubias para suplir a Ramón Palacios Vargas, jurisconsulto de reconocido prestigio nacional (había sido Ministro de la Suprema Corte). Todos votaron contra la propuesta oficial y nombraron a Geudiel Jiménez (otra vez el apellido Jiménez aparece en los cuadros políticos de la entidad).
La justicia en el periodo piñaolayista tuvo algunos ditirambos que es importante mencionar:
Hubo varios crímenes. Dos de ellos, sangrientos y perversos, acabaron siendo “suicidios” (una maestra de la Alianza Francesa y la esposa del director del aeropuerto Hermanos Serdán). Otro de los asesinatos, escandaloso por su aparente origen oficial, fue el de Gumaro Amaro, líder de las Amas de Casa, baleado frente a sus hijos al salir de su domicilio particular. Y otro u otros (basta de líneas escarlatas) ocurrieron en la planta de la Volkswagen, cuando fueron aplacadas con la fuerza las disputas sindicales; allí estaban, cual modernos esquiroles disfrazados de obreros, un grupo numeroso de custodios del Centro de Readaptación Social de Puebla.
En la Secretaría de Gobernación, como en la de Programación y Presupuesto, los cambios se dieron por movimientos estratégicos de sus titulares. Marco Antonio Rojas Flores y Miguel Quirós Pérez se postularon candidatos a diputados federales. El lugar del primero fue ocupado por Héctor Jiménez y Meneses, un profesional ortodoxo, y el del segundo quedó acéfalo hasta que ocurrió la fusión de esa dependencia con la Secretaría de Finanzas (también se manejó con insistencia el parentesco del nuevo Secretario de Gobernación con la familia Jiménez Morales).
Acaecieron muchos cambios más en los niveles medios de la administración pública estatal. La mayoría de los funcionarios fueron removidos o renunciados debido al adelgazamiento del presupuesto o a una “mejor ubicación” donde pudieran ejercer con mayor amplitud las labores partidistas y políticas. En estos movimientos, el gobernador poblano suplió a su personal político de confianza, a pesar de que se la habían jugado con él desde su precampaña, para así dejar —intencional o cándidamente— el control al asesor. Por ejemplo, César Musalem Jop, director general de Gobierno, fue desplazado del puesto debido a que, por su vocación “marianista”, nunca aceptó recomendaciones o presiones de Alberto Jiménez Morales. Para la familia política, la actuación de César fue leal y benéfica para el gobierno piñaolayista.
Otro caso similar es el de Jaime Alcántara Silva, compañero de legislatura y secretario particular de Piña Olaya durante su campaña a la gubernatura. Alcántara se vio obligado a renunciar al modesto puesto otorgado por su “amigo” el gobernador, para migrar a la delegación estatal de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corett), recomendado por el propio Piña Olaya.
Fue quizá el difícil estilo del abogado Piña Olaya lo que provocó un resquebrajamiento dentro del PRI poblano. A unos cuantos meses de iniciado el mandato que nos ocupa, varios de los militantes se empezaron a quejar de la frialdad y el abandono político del primer priísta de la entidad. Esta falta de “calor” propició una incipiente inconformidad que fue creciendo hasta transformarse en un enfrentamiento abierto. Sus principales protagonistas fueron: Sergio Sandoval Espinoza, exdiputado local y exdirector del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES); Lidia Zarrazaga Molina, exdirigente femenil y diputada local; Antonio Hernández y Genis, exdiputado local también, y Juan Bonilla Luna, historiador, diputado federal y exdelegado regional de la Corett. Todos habían sido partidarios y amigos de Mariano Piña Olaya.
En su campaña, Sandoval, que era el director del CEPES, se hizo cargo de la organización de varios actos; Hernández le sirvió con entusiasmo durante el trabajo previo a la postulación; Zarrazaga actuó con vocación priísta en favor de la causa estatal y piñaolayista, y Bonilla quitó del camino los abrojos que comúnmente encuentran los políticos con ambiciones importantes. Los cuatro prefirieron la trinchera de la crítica a la genuflexión característica de la mansedumbre y el conformismo de los regímenes políticos donde la mediocridad sienta sus reales. Estos priistas terminaron en la Corriente Crítica, aunque más tarde Sandoval Espinoza emigró al PRD. Lidia Zarrazaga, que llegó a ser diputada federal en la primera Legislatura del gobierno zedillista, falleció trágicamente en un accidente carretero.